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La ley y la trampa
7 marzo, 2011 por jurisconsultocuba
“Quien no sabe, es como quien no ve”, afirma Teófilo Roberto López Licor, después de ser parte y víctima de la arbitrariedad gubernamental. Hoy, después que él y su familia fueron despojado de todos sus bienes, aprendió que no debe confiar en la benevolencia de la ley, mucho menos de los que tienen la función de aplicarla.
En el 2008, López Licor, un cuentapropista de 67 años de edad, comenzó a recibir la visita de inspectores y policía, por denuncias anónimas de alquiler ilegal de habitaciones en su hogar. No tuvo tiempo de nada, cuando efectivos policiacos atraparon inquilinos en la casa, propiedad de uno de los miembros su familia, durante un registro domiciliario.
Lo detuvieron, a pesar de no ser el propietario de la vivienda que se alquilaba. Después de 72 horas en un calabozo, salió bajo fianza y acusado del delito de proxenetismo y trata de persona. Un mes más tarde la policía lo citó. Se sorprendió cuando le informaron solo debía pagar una multa de de 400 pesos cubanos por realizar actividades económicas ilícitas.
Las autoridades decidieron ejercer la facultad, que le da la ley, para en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal, castigar al infractor administrativamente. No entendió cuando le dijeron que le aplicarían “el 149 por enriquecimiento ilícito”. Tampoco se preocupó, tenía todos sus papeles en regla.
Creyó en su suerte y en la protección de sus santos, por no tener que enfrentar a la justicia. Ciertamente un familiar alquilaba habitaciones sin tener la licencia correspondiente, un delito en el Código Penal, pero en ellas jamás se ejerció la prostitución, como prevé el delito de proxenetismo y trata de personas.
Lejos estaba de sospechar, que las autoridades le preparaban un castigo peor, no solo a él también a su familia: la confiscación de todos sus bienes e ingresos, una medida contra la que no podrían defenderse. Ingenuo, nunca sospecho que al aceptar la propuesta de las autoridades policiacas, reconocía una culpa que no tenía.
Tampoco imaginó que habían varias normas que juzgaban el hecho y por diferentes vías: el Código Penal y los Decretos Leyes 149 y 232. Estos últimos aplican la confiscación de bienes administrativamente, por enriquecimiento indebido, drogas, proxenetismo y trata de persona, alquiler ilegal de habitaciones, etc. Nadie le informó de los riesgos, mucho menos le dieron la posibilidad de escoger.
Ignoraba que un tribunal, tenía la obligación de respetar sus derechos y ofrecerle garantías, ignoradas en el proceso administrativo que intentaban aplicarle. Un juzgado para sancionarlo necesitaba pruebas que destruyeran la presunción de inocencia y en todo caso respondería individualmente por sus actos, sin inmiscuir a su familia.
El procedimiento administrativo de confiscación, según lo preceptuado en el Decreto Ley 149, partía de su culpabilidad y sobre él pensaba la responsabilidad de buscar las pruebas que demostraran lo contrario. A pesar de que las autoridades conocieron los hechos a mediados del 2008, la norma tenía efecto retroactivo y le pedían la perdida de todo lo adquirido, por él y su familia, durante 10 años.
El 23 de julio de 2009, la Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, dictó Resolución que declaraba la confiscación del patrimonio del ciudadano Teófilo Roberto López Licor y sus familiares, Pompilio López Licor (hermano), Teófila Elsa Ávila Gutiérrez (esposa) y Antonio López Ávila (hijo).
Recurrió la decisión. Agotaron todas las vías legales posibles. Enviaron quejas y peticiones a cuanta autoridad creyeron pertinente. Incluso intentaron demandar a la titular de Finanzas y Precios ante los tribunales, pero su denuncia no prospero. Todos los esfuerzos fueron en vano. La resolución de la Ministra no podía ser recurrida en la vía judicial.
Si pudiera echar el tiempo atrás, Teófilo Roberto hubiese rechazado la generosidad de las autoridades policiacas y la indulgencia de la ley, cuando decidieron no remitir su caso al tribunal. “Jamás me paso por la cabeza que aceptando aquella oferta anulaba mis derechos ciudadanos”, sentenció, “tampoco sabía que podía rechazarla,…quien inventó la ley, también hizo la trampa”, concluyó.
Laritza Diversent
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