Opinión: La fiscal y María Corina Machado #Venezuela

La fiscal y María Corina

La fiscal y María Corina

12 de diciembre 2014 - 00:01

Cuando se lee en las noticias los fundamentos de la acusación
a María Corina Machado, formulada por la fiscal general de la
república, no queda más que el asombro ante tal atrevimiento. Se imputa a
María Corina por conspirar para destruir la forma política republicana
que se le ha dado a la nación. Imaginamos que la fiscal acusa a María
Corina por sus actuaciones públicas para destruir el funcionamiento de
las instituciones básicas que forman el poder público. Es decir,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, además, en nuestro caso, el
Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría. Y agregaríamos en este orden de autoridades estatales, al
Banco Central de Venezuela, institución a la cual se dota de un poder
especial y único, en la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, debido a su naturaleza de ser autoridad monetaria y no
depender el Ejecutivo nacional.

Ciertamente, María Corina Machado
ha reiterado muchas veces que el presidente Maduro debe renunciar a su
cargo por su evidente incapacidad para gobernar a Venezuela. Pero esta
posición de María Corina tiene su asiento en el malestar general que la
población siente todos los días, manifestado de manera continua y
persistente desde hace varios años atrás, cuando todavía, incluso,
gobernaba Hugo Chávez. Y es que ese malestar está ocasionado por la
escasez aguda, la inflación a niveles nunca vistos en Venezuela, la
corrupción generalizada que se observa tanto en el alto gobierno (véase
Jaua, Ramírez, Antonini y Carvajal, entre otros), sino también en los
estratos medios y bajos de la administración pública. Son innumerables
las colas de gente en los mercados para comprar bienes esenciales, cuya
escasez cada vez alarma y cada vez crea incertidumbre.

Pero es que
también la población sufre la inseguridad personal en todas sus fases,
robos, atracos, secuestros, asesinatos, crímenes de la más alta crueldad
y, consecuencialmente, por todo ello se reclama por un sistema judicial
y legal que garantice la seguridad personal y los bienes de propiedad
privada. La gente clama por la justicia, ante la permanente situación de
agresividad e irritabilidad que se vive, por la ausencia de una
política de seguridad jurídica que no existe.

Pero, ¿cuáles son
las causas de la alta inflación, la escasez, el desempleo y la
inseguridad? ¿Son las palabras y declaraciones que emite María Corina
Machado las que han provocado el surgimiento de estos deplorables
fenómenos? No, indudablemente que no. Más bien sus reclamos y sus
planteamientos están destinados a denunciar  la gestión del gobierno
como perversamente deficiente, demostrando que sus políticas son
equivocadas. Y veamos en profundidad algunas de las denuncias. María
Corina muchas veces se ha referido a la inadecuada utilización del Banco
Central de Venezuela para financiar el déficit fiscal. Y es que el
Ejecutivo nacional, rompiendo o, mejor dicho, destruyendo el entramado
de la república, ha colocado el Banco Central al servicio de sus
parciales intereses, sin tomar en cuenta que, en efecto, al Banco
Central de Venezuela le está prohibido, textualmente, de acuerdo con su
ley:

1.                 Acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias.

2.                
Otorgar créditos directos al gobierno nacional, así como garantizar las
obligaciones de la república, estados, municipios, institutos
autónomos, empresas del Estado o cualquier otro ente de carácter público
o mixto.

En atención al objeto fundamental del Banco Central de
Venezuela, reconocido por el constituyente, para lograr la estabilidad
de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria, es por lo que se le confieren funciones espacialísimas, como
lo son formular y ejecutar la política monetaria; participar en el
diseño y ejecutar la política cambiaria; regular la moneda, el crédito y
las tasas de interés; administrar las reservas y contribuir en la
armonización de la política fiscal con la política monetaria,
facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos de la nación.

No
obstante y en contrario imperio, vemos cómo el BCV, contraviniendo sus
funciones principales, le ha facilitado créditos a Pdvsa y otras
empresas del Estado, para convalidar el financiamiento monetario del
déficit fiscal. Eso es destrucción de la república. Y ¿por qué?
Simplemente porque los efectos de estas operaciones ilegales se traducen
en inflación y, como existe una equivocada acción gubernamental
destinada al control de precios de los bienes de consumo, por demás
inconveniente, se propugna la escasez. Y se perjudica a la población. Y,
en consecuencia, a la república, a sus instituciones y, por ende, a la
nación.

Observamos, con angustia, cómo estas responsabilidades
indelegables del BCV,  por lo contrario, son ignoradas, son violadas.
Las reservas internacionales, están agotadas. La inflación apunta hacia
unos niveles superiores al 100% anual y, por todo ello, lo que existe es
inestabilidad.

El 4 de febrero de 1992, cuando el golpe de Estado
intentado por Hugo Chávez, se generó en el Congreso de la república un
intenso debate. Y allí, Rafael Caldera, en su condición de senador
vitalicio, expresé textualmente:

“Yo quisiera decirle al señor
presidente de la república que de él, principalmente, aunque de todos
también, depende la responsabilidad de afrontar las rectificaciones
profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que
se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la
libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir
el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido
capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción,
que a los ojos de todo el mundo está consumiendo la institucionalidad...
Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país
y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy
graves preocupaciones”.

Por estas palabras, al presidente Caldera
se le acusó, en esa oportunidad, de haber, de alguna manera, justificado
el golpe de Estado de Chávez; pero, en honor a la verdad, su intención
fue la de hacer una advertencia a todos, ante el malestar de la
población, ante los venezolanos de entonces. Desde luego, venezolanos
que vivían una situación incomparable con lo que vivimos en la
actualidad.

La fiscal de la república es un funcionario de Estado,
sus responsabilidades son de esa naturaleza, se debe al Estado. Sus
simpatías políticas y partidistas no pueden estar por encima de su
condición de fiscal y debe propiciar, con sus actuaciones, que la
república no se destruya por la mala y equivocada gestión del gobierno,
en perjuicio de los habitantes, de los venezolanos. Por eso se nos
ocurre invitarla a que lea las palabras de Rafael Caldera en ese
entonces, en la cual un venezolano de excepción mostraba su preocupación
por una Venezuela con graves problemas para ese entonces. Pero ahora,
esos problemas a los que se refirió el presidente Caldera son mucho más
graves y profundos.

María Corina es una voz de las nuevas
generaciones; una ciudadana que solicita la renuncia del presidente
Nicolás Maduro, por cuanto se niega a rectificar en sus políticas todo
lo que es necesario para un cambio en la orientación de la gestión
pública. Y son tantos los males que, insiste María Corina, se hace
necesario convocar al país para que se manifieste por una rectificación
profunda.

La inflación, escasez e inseguridad no se van a resolver
enjuiciando a María Corina Machado. La fiscal debe, ante su alta
investidura de Estado, solicitar al presidente Maduro una rectificación.
Y si no lo hace, entonces que renuncie. María Corina tiene razón

EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO