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sábado, 4 de marzo de 2017

La Injusticia de Maduro Nuevo Zarpaso Anticonstitucional en #Venezuela

*Colegios de Abogados* exhortan al desconocimiento de *Misión Justicia Socialista*


Un *rechazo* unánime al decreto N° 2.718 emanado del ejecutivo nacional el pasado 7 de febrero, en el que se crea la *Misión Justicia Socialista,* acordó este viernes la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) y los representantes de los Colegios de Abogados de 21 seccionales del país, reunidos en la sede de este gremio en Valencia.

*Nota de Prensa*

Marlene Robles de Rodríguez, presidente de la Federación que agrupa a los Colegios de todo el país, *informó* que ante este nuevo ataque a la *Constitución Nacional,* se convocó a un consejo ampliado para analizar el contenido y alcance del decreto, así como evaluar las acciones a seguir, las cuales incluyen entre otras, un acuerdo de *desconocimiento* a esta disposición presidencial, así como la presentación de un recurso de nulidad ante el TSJ.

Por su parte, Luis González Blanco, presidente de Inpreabogado, indicó que con esta medida serían afectados unos *250 mil abogados,* así como su núcleo familiar. *"Este decreto rompe con la universalidad de la profesión de la Abogacía.* No hay justicia ideologizada, no es justicia socialista, ese término no existe en ninguna de las constituciones que se han sancionado en el país desde 1810".

De igual forma, Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados de Carabobo, destacó la labor de asistencia gratuita que vienen prestando desde hace años en dichas instituciones a todas las personas que lo requieran, sin caer en *ideologización,* ni adicionarle calificativos que nuestro ordenamiento legal no contempla.

*Para concluir* los dirigentes gremiales calificaron este decreto que crea la *Misión Justicia Socialista* como un *"adefesio jurídico"* que violenta normas constitucionales y legales, establece discriminaciones y solapa competencias de otros órganos del Estado, por lo que instaron a que sea derogado de manera inmediata, reservándose el derecho constitucional legal y gremial de actuar en *contra de tal instrumento.*

El "honorable" Presidente del TSJ en Venezuela

Mikel Moreno, fue un ex funcionario de la Disip de la época de Carlos Andrés Pérez, de quien fue escolta, acusado y sentenciado por ser responsable junto a otros dos hombres de un homicidio en Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, en 1987.
Dos años después; en 1989, logró salir en libertad y volvió a la policía política (Disip, antecesora del actual Sebin). Ese mismo año su nombre vuelve a aparecer implicado en otra escena del crimen. Según el expediente 552755, Moreno participó en el asesinato de Rubén Gil Márquez, esta vez en Caracas.
Un año después logra un segundo beneficio procesal y sale en libertad nuevamente. No regresó a la policía. Desde ese momento trabajó en tribunales y estudió derecho hasta lograr el título de abogado en 1995 en la Universidad Santa María.
Los escándalos con el sello de su apellido no terminaron allí. Posteriormente el ex magistrado y prófugo de la justicia venezolana, quien lo señala por delitos de corrupción Luis Velásquez Alvaray, dijo que Moreno pertenecía a la llamada "Banda de los Enanos", como se le conoció a una "tribu judicial" que operaba, según Velásquez Alvaray, entre fiscales y jueces, para manipular expedientes y procesos penales, además de extorsionar a imputados.
Asimismo, Moreno participó como juez 34 de control en uno de los casos más sonados de Venezuela, el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Aparece en las actas de entrevistas a los amigos de Anderson, los cuales contaron cómo se repartieron el dinero extraído de la caja fuerte del ex fiscal.
Moreno llevó adelante el caso contra la senadora Haydeé Castillo y su esposo Antonio López Castillo, quienes fueron procesados acusados de poseer explosivos C-4, luego que el hijo de la pareja muriera en un extraño "enfrentamiento" con la policía en Plaza Venezuela, Caracas, y según la versión policial, estaba vinculado a la muerte de Anderson.
Según la Constitución de la República -artículo 263- para ser magistrado de la República se requiere, "Ser ciudadano de reconocida honorabilidad".
En el diccionario de la Real Academia Española, honorabilidad es una "cualidad de una persona honorable", mientras que Word Reference dice que es, "una condición de lo que es digno de honor y respeto".
Por su parte, el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ): establece entre los "Requisitos y responsabilidad" para ser magistrado del máximo tribunal (ni se diga su presidente): Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables.

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